La dictadura cubana anunció que la marcha convocada por la oposición para el 15 de noviembre no recibió autorización y fue declarada ilícita por considerar que sus promotores tienen la intención de impulsar un cambio de régimen, argumentando la falta de razones y los vínculos de los promotores con “organizaciones subversivas”.
La Marcha Cívica por el Cambio se había adelantado del 20 de noviembre al 15 de ese mes tras un primer impedimento de La Habana: el anuncio del régimen de realizar “ejercicios de preparación de defensa” del 17 al 20 de noviembre.
Ahora, el régimen terminó por desterrar la posibilidad de que reciba el permiso.
En una carta en respuesta a la solicitud, indicaron que “no se reconoce legitimidad en las razones que se esgrimen para la marcha” y dijeron que los promotores del evento tienen “vínculos con organizaciones subversivas o agencais financiadas por el gobierno estadounidense”.
Además, esgrimieron que el ejercicio de los derechos, como el de la libre expresió, está limitado al derechos de los demás, “la seguridad colectiva, el bienestar general”
La carta firmada por Alexis Acosta Silva, intendente del Consejo de la Administración de la Habana Vieja, concluyó: “Es evidente que, si bien se invoca un derecho constitucional, este no puede ejercerse en contra de los demás derechos, garantías y postulados esenciales de la propia Constitución, lo que determina el carácter ilícito de la marcha”
El grupo civil Archipiélago, convocante de la manifestación, decidió que “no tenía otra opción” que anticipar la cita en las calles al 15 de noviembre, porque mantenerla el 20 “no tenía ningún sentido” después del anuncio del Gobierno, explicó su coordinador, el dramaturgo Yunior García Aguilera. Los organizadores de la marcha interpretaron esa medida como “una amenaza, un mensaje no directo; pero por nuestra experiencia anterior, un mensaje más que claro de que no van a permitir la marcha”, según García Aguilera.
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