Un juez federal bloqueó parcialmente una directiva del Gobierno de Joe Biden que estableció prioridades de arresto y deportación de inmigrantes como parte de una demanda judicial presentada por Arizona, Ohio y Montana, estados liderados por republicanos.

Se trata de un revés para el Gobierno del demócrata Biden, que ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) dar prioridad a la deportación de inmigrantes que representan una amenaza para la seguridad nacional.

El juez Michael Newman, del Distrito Sur de Ohio, designado por el expresidente Donald Trump (2017-2021), argumentó que dicha política llevó a los agentes de ICE a violar las leyes que ordenan la detención de ciertos inmigrantes que enfrentan la deportación porque tienen condenas penales.

En su decisión el juez Newman determinó que la presente administración no tiene la autoridad para modificar, cambiar o suspender las leyes de deportación de extranjeros que han sido aprobadas previamente por el Congreso de EE.UU.

Según el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, la política de inmigración habría detenido «casi todas las deportaciones, incluso para los condenados por delitos, y habría atado drásticamente las manos de los oficiales de inmigración».

«Esta es una gran victoria para el estado de derecho y la seguridad de nuestras comunidades», agregó en un comunicado.

«La administración Biden ha socavado nuestras leyes de inmigración y nuestras agencias de aplicación de la ley, al tiempo que ha empoderado a peligrosos carteles y delincuentes en ambos lados de la frontera», agregó.

El fiscal indicó que esta orden preliminar bloquea la orden que estableció nuevas prioridades de deportación de extranjeros dando a los oficiales el poder de evaluar cada caso teniendo la opción de autorizar la liberación del detenido bajo métodos como el pago de una fianza.

Agradeció el fallo y el apoyo de Ohio y Montana, que se sumaron a la demanda contra la directiva emitida en septiembre de 2021 por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

El tribunal federal calificó de ilegal la medida al señalar que la ley ordena a ICE que «retire a una persona que haya recibido una orden final de deportación dentro de los 90 días».

Desde un principio, estados como Arizona argumentaron que inmigrantes indocumentados con récord criminal estaban siendo liberados dentro de sus comunidades. De acuerdo con la ley federal de inmigración, un extranjero debe de ser expulsado del país 90 días después de haber recibido una orden final de deportación. La Fiscalía de Arizona calcula que en Estados Unidos hay aproximadamente un millón de personas que ya cuentan con una orden final de deportación.

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