El organismo internacional mostró particular preocupación en que el gobierno pueda ejercer injerencia en la elección, pues resaltó que el presidente del Congreso es “aliado de la presidenta Xiomara Castro”.

Honduras debe seleccionar a los miembros de la nueva Corte Suprema por sus calificaciones, experiencia e integridad, señaló la organización Human Rights Watch. Las selecciones deben basarse en criterios claros, y el proceso debe ser transparente y permitir la participación de la sociedad civil, remarcó.

El proceso de selección acaba de comenzar y se espera que culmine en enero de 2023. La decisión final sobre los nuevos magistrados la tomará el Congreso, cuyo presidente, Luis Redondo, es aliado de la presidenta Xiomara Castro.

“Mientras el estado de derecho se está desmoronando en Centroamérica, Honduras puede destacarse fortaleciendo la independencia judicial a través de la selección de nuevos jueces de la Corte Suprema con base en el mérito”, dijo César Muñoz, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch. “La presidenta Castro debe rechazar la tentación de seleccionar una Corte Suprema dócil a sus propios intereses y los de los partidos políticos, incluido el suyo propio”.

La victoria electoral de la presidenta Castro en noviembre de 2021 en una plataforma a favor de los derechos humanos creó enormes expectativas de cambio, pero ha tardado en cumplir, señaló Human Rights Watch. La selección de la nueva Corte Suprema brinda a la presidenta Castro y sus aliados en el Congreso una oportunidad fundamental para fortalecer la protección de los derechos humanos y el estado de derecho.

Los casos sobre aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo y otras cuestiones de derechos humanos están actualmente pendientes ante el tribunal. Además, la Corte Suprema tiene un papel muy importante en la lucha contra la corrupción, ya que tiene jurisdicción sobre casos que involucran a miembros del Congreso y otros funcionarios públicos de alto nivel.

En julio de 2022, el gobierno de Castro se comprometió con un proceso de selección que garantiza la independencia judicial, en respuesta a una carta de Human Rights Watch.

Un líder político, varios jueces y representantes de la sociedad civil dijeron a Human Rights Watch que los partidos políticos tradicionalmente han abusado del poder de nombrar a los jueces de la Corte Suprema al dividir las vacantes entre ellos, de acuerdo con la proporción de escaños que ocupaban en el Congreso. Varias fuentes dijeron que cuando un caso que involucra a un partido político llega a la Corte Suprema, incluidos los casos de corrupción, el caso generalmente se asigna a un juez que simpatizaría con ese partido.

Esta práctica ha convertido a la Corte Suprema en una herramienta de interés político, con terribles consecuencias para el país, en lugar de una institución independiente que aplica la ley a todos por igual, indicó Human Rights Watch.

El proceso de selección

Honduras renueva los 15 miembros de la Corte Suprema cada siete años en un proceso de dos niveles. En primer lugar, una comisión de postulación integrada por representantes de siete entidades, la Defensoría del Pueblo (Conadeh), la Corte Suprema saliente, el colegio de abogados, el gremio empresarial privado, profesores de derecho, sociedad civil y sindicatos de trabajadores, selecciona al menos 45 candidatos para los 15 cargos. El comité de nominaciones comenzó a trabajar el 19 de septiembre.

En julio, el Congreso aprobó una ley que regula el funcionamiento del comité de postulaciones, que establece estándares de evaluación para la selección de candidatos; hace públicas las sesiones y entrevistas; y permite la participación de la sociedad civil, los medios de comunicación y las agencias de la ONU como observadores. También ordenó que al menos 7 de los nuevos 15 miembros deben ser mujeres. Actualmente hay 5 magistradas.

El segundo nivel del proceso es el nombramiento de los magistrados por el Congreso, mediante una votación que requiere una mayoría de dos tercios.

El presidente del Congreso y la oposición deben comprometerse públicamente a elegir a los magistrados de la lista, tal como lo ordena la Constitución y la ley de julio. Deben elegirlos por sus méritos, no por afinidades políticas, a través de un proceso transparente, finalizó Human Rights Watch.

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