La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó el II Informe de Conflictividad “De la esperanza a la realidad”, en el cual revela que Honduras registró 318 conflictos sociales en los primeros seis meses de 2022, un 53% más que en el mismo período de 2021, cuando se registraron 174.

El aumento, en comparación a los primeros seis meses de 2021, fue motivado por una diversidad de causas que reflejan una precarización en las condiciones de vida en materia económica y el incumplimiento en las obligaciones del Estado de proteger la vida, respetar los derechos humanos y asegurar la seguridad de la población y la propiedad privada.

En el área económica se registraron 104 conflictos, la gran mayoría protestas por alzas al combustible, exigencia de empleos públicos (contrataciones permanentes, pago de salarios adeudados, reintegros o pago de prestaciones e incrementos salariales) y falta de pago a proveedores de las dependencias públicas. Estas demandas insatisfechas se manifiestan muchas veces a través de tomas de carreteras y edificios públicos. Cabe destacar que las manifestaciones no han sido violentas, con daños a propiedad o la utilización de la fuerza pública.

En la categoría Estado de Derecho se registraron 110 conflictos durante el período, entre los que destaca la aprobación e implementación de la Ley de Amnistía, mientras existía una disputa por la existencia de dos juntas directivas paralelas en el Congreso Nacional y el otorgamiento de superpoderes a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), que produjo acusaciones públicas de inconstitucionalidad.

Por otro lado, durante los seis meses del año se reportó una reducción de 276 homicidios en comparación al mismo período del año anterior, pero se da un incremento en la cantidad de homicidios múltiples o masacres. Durante los primeros seis meses de 2021 se dieron 2,059 muertes violentas, mientras que en 2022 fueron 1,774. El Distrito Central y San Pedro Sula fueron los municipios con mayor cantidad de víctimas, con un total de 73 hombres y ocho mujeres.

En materia política se registraron 62 conflictos, principalmente en el Congreso Nacional (CN), donde el Partido Libre tuvo conflictos internos, así como las naturales hostilidades con el Partido Nacional (PN); mientras a nivel institucional se dieron durante el período analizado 37 conflictos, en su gran mayoría por la falta de capacidad de las instituciones de cumplir sus obligaciones (exigencias de gremios y sindicatos, falta de presupuesto), desabastecimiento de medicamentos, escuelas sin maestros, niños sin asistir a la escuela y secuelas de la pandemia de covid-19.

Se identificó además que los grupos que protagonizaron la mayor cifra de conflictividad fueron militantes y colectivos de Libre (70), políticos (67), víctimas de violencia (39), personal de Salud (29), transportistas (24), docentes (18), políticos agredidos (17), denuncias de organizaciones y ciudadanos (14), empleados públicos (12), denuncias nuevos funcionarios (9) y siete conflictos que involucran a la Policía Nacional.

Además, el informe subraya que el promedio de conflictos mensuales fue de 53 y los meses en los que se registró mayor cantidad de estos fueron marzo y mayo, con 66 y 62 conflictos, respectivamente.

Por lo tanto, entre los desafíos que destaca el informe es acabar con el nepotismo, que no tiene ideología política en Honduras. Asimismo, el clientelismo político en la contratación de empleados públicos ha sido fuertemente cuestionado. El efecto de dos juntas directivas paralelas, Ley de Amnistía, Nuevo desmontaje institucional Falta de claridad en políticas públicas.

Catalina Torres Gámez

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