La inflación y los efectos económicos de la pandemia en Honduras provocaron la pérdida de miles de empleos y una reducción del poder adquisitivo de los ingresos de la población, por lo que expertos creen que el Gobierno debe controlar el tipo de cambio de la moneda local y focalizar los subsidios.

Según economistas hondureños consultados, el Gobierno de Honduras que preside Xiomara Castro necesita impulsar medidas de corto, mediano y largo plazo para preservar los ingresos ante la elevada inflación. El economista Alejandro Kafatti afirmó que la inflación de Honduras es «entre el 40 % y 50 % importada» a raíz de los precios internacionales del petróleo y los alimentos que se compran en Estados Unidos y Europa.

Esto «reduce significativamente» el margen de maniobra del Gobierno hondureño, por lo que cualquier política que implementen las autoridades tendrá «un efecto no contundente», señaló. Dijo, además, que las autoridades deben tomar decisiones «innovadoras e ingeniosas» para controlar la inflación, pero estas «no tienen que perjudicar drásticamente el crecimiento económico» del país centroamericano.

Tipo de cambio fijo. 

Kafatti recomienda al Gobierno hondureño promover políticas como el tipo de cambio fijo y focalizar el subsidio a los combustibles en el corto plazo, para disminuir la carga fiscal y amortiguar el alza del precio de la canasta básica de alimentos. En tanto, en el mediano y largo plazo es necesario impulsar una política monetaria que incentive el crecimiento económico, la productividad y la generación de empleo, agregó.

«Se ha insistido en la creación de una estrategia para la atracción de inversiones y la profesionalización de la mano de obra, y que sirva como una atenuante a los bajos niveles de ingresos de los hogares hondureños», explicó Kafatti. Honduras atraviesa un período de aceleración en el incremento de los precios, con una inflación acumulada en los primeros cuatro meses del año del 4,26 % y en los últimos 12 meses del 8,35 %, según cifras del Banco Central (BCH).

La inflación «golpea muy fuertemente a los hondureños de bajos ingresos, es decir, que las personas necesitan más dinero para comprar la misma cantidad de bienes y servicios», explicó el economista hondureño. El aumento en el coste de la canasta básica de alimentos ha «perjudicado los niveles de ingresos promedio» de los hondureños aunado a que el ingreso de los hondureños bajó un 15 % en 2021 debido a la crisis social derivada de la pandemia y los efectos de las tormentas Eta e Iota, añadió.

Esto es «una carga que no puede hacer frente la mayoría de los hondureños, más aún cuando el 77 % de la población vive en condición de pobreza», señaló.

Congelamiento de precios. 

Por su parte, el economista hondureño Ismael Zepeda señaló que el Gobierno puede congelar los precios de los alimentos, disparados a raíz de la guerra entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, Zepeda considera que el congelamiento de precios podría repercutir en los productores: costos altos o variables, lo que puede desestimular la producción.

Asimismo, resaltó la necesidad de fomentar la producción en general para resguardar el poder adquisitivo de las familias más vulnerables ante el impacto de la inflación. «Generar empleo y estimular la producción es un tema de políticas públicas integrales de mediano y largo plazo», subrayó Zepeda. El economista también sugiere al Gobierno reducir los impuestos a los combustibles, así como el Impuesto Sobre Venta (ISV) y el gasto burocrático.

El país necesita políticas públicas que contribuyan a generar puestos de trabajo, distribuir mejor los ingresos y mejores precios de los alimentos. Cuando se tiene menos poder adquisitivo de ingresos, según Zepeda, las familias tienen «menor capacidad de compra» de sus suministros esenciales, por lo que pueden «caer en situaciones de vulnerabilidad, pobreza, indigencia».

Advirtió que la pobreza «se va a disparar en al menos 5 %» al cierre de 2022 si los hondureños no cuentan con ingresos necesarios para su alimentación. Ambos economistas coincidieron en que el accionar del Gobierno ha sido «muy suave» y «reduccionista» al momento de tratar de solventar la escalada de precios y controlar la inflación, que a julio próximo, según expertos, podría llegar a dos dígitos.

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