El Gobierno de Honduras y la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) Próspera en Roatán, acordaron en las últimas horas regresar al diálogo para buscar acuerdos que permitan evitar acudir a un arbitraje internacional.
Fue el ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), Pedro Barquero, quien informó que Próspera prepara una millonaria demanda contra el Estado hondureño.
La empresa alega daños y perjuicios a sus inversiones en Honduras, por lo tanto, emplazó al gobierno hondureño hasta el 16 de diciembre para que responda.
La eventual demanda es de 10 mil 70 millones de dólares, de acuerdo a la información que divulgó Barquero.
Según explicó, Próspera quiere firmar un documento, pero los abogados recomendaron que no, porque el instrumento podría perjudicar a Honduras, en caso de tener que ir a un arbitraje internacional “que es lo más seguro que vamos a llegar”.
No obstante, el asesor financiero de la ZEDE Próspera, José Luis Moncada y Pedro Barquero en representación del Gobierno, este viernes expresaron una amplia voluntad para retomar las conversaciones.
“Nosotros estamos dispuestos y listos para sentarnos a dialogar sin ninguna condición”, afirmó Barquero y recordó que no firmaron el documento porque el mismo podría dejar consecuencias a futuro.
El funcionario aseveró que tienen buenas conversaciones con los representantes de las ZEDEs en Honduras, pero con la única empresa que se rompieron las negociaciones es con Próspera.
En tanto, Moncada coincidió en que “ambas partes, tanto el Gobierno como Próspera tienen el interés de avanzar y sentarse a negociar para poder definir un mejor escenario en el sentido que logre lo mejor para Honduras”.
“Indiscutiblemente hay un punto específico de esa condición de poder trabajar bajo un marco de confidencialidad que es un estándar internacional para poder avanzar. Aquí no se le quiere ocultar nada al pueblo”, aseguró.
En resumen, ambas partes acordaron reunirse para abordar los puntos de interés mutuo, Próspera como es de esperar busca proteger sus inversiones y tiene como respaldo el convenio firmado con el gobierno de Juan Orlando Hernández.
Por su parte, el actual Gobierno enfatiza que el reglamento que les mantenía con vida era ilegal, no se puede tener un Estado dentro de otro Estado, y el acuerdo debería estar orientado en el respeto de la Constitución.
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