La Secretaría de Educación presentó esta semana la nueva malla curricular, con nuevos enfoques pedagógicos y priorización de contenidos, proyecto que aseguraron forma parte del “Plan de refundación para el sistema educativo público”.
Dentro de los nuevos cambios, las autoridades educativas darán prioridad a áreas como educación ambiental, equidad de género, educación multicultural y educación sexual para la salud.
Este último ha despertado el debate y a la vez un contundente rechazo de diversos sectores de la sociedad hondureña.
Aunque en el pasado, en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2008) y Juan Orlando Hernández (2017), surgieron múltiples intentos de implementar la educación sexual en las escuelas y colegios, esta iniciativa nunca encontró luz verde para implementarse. Y en esta oportunidad no ha sido la excepción.
Los padres de familia y las iglesias de entrada rechazan esta iniciativa por considerarla sensible, más cuando se trata de jóvenes menores de 18 años.
“No vamos a permitir que se esté promoviendo desde el sistema educativo situaciones adversas que confundan la mentalidad de los estudiantes. Esto debe ir guiado de personas capacitadas para enseñar el cuidado de las relaciones sexuales, cómo deben protegerse en ciertas circunstancias o cómo evitar un embarazo prematuro”, advirtieron representantes de la Asociación de Padres de Familia.
La Asociación de Padres de Familia llamó las autoridades educativas a priorizar en otras facetas que sí les competen en su totalidad, como ser la infraestructura escolar, el crecimiento académico o la presencialidad en las aulas de clases para fortalecer el aprendizaje de cada estudiante.
Tanto la Iglesia Católica como la Evangélica se oponen a la propuesta de las autoridades educativas.
A criterio del sacerdote Javier Martínez, la propuesta de Educación “puede resultar un engaño, una forma de plantear ideologías y hacer caprichos particulares de instituciones internacionales para imponernos una nueva idea, nueva cultura y un modo de ser distinto al que ya tenemos como país. Esto corresponde a una agenda que viene luchando desde hace tiempo para promover una educación sexual en la libertad del cuerpo y de pensamiento”.
Por su parte, José Irías, presidente de la Asociación de Pastores en Tegucigalpa, recomendó a las autoridades educativas replantear la iniciativa preliminar, la cual consiste en capacitar a los docentes para abordar los temas de educación sexual preventiva.
“Los maestros no están capacitados para dar estas enseñanzas, iniciando con que la mayoría de ellos no tienen una preparación bíblica, por lo que quiérase o no, se necesita el conocimiento de la Palabra o sino el resultado será desastroso”, afirmó el religioso.
El psicólogo Rafael Mejía afirmó que la Secretaría de Educación debe enfocarse en la prevención de embarazos en adolescentes, prevenir enfermedades de transmisión sexual, pero debería ser más una disciplina de las ciencias de la salud. Además, se debe conformar un equipo de expertos para realizar manuales, reglamentes y políticas.
Justificación de Educación
Se le consultó a la viceministra de Educación, Marissela Figueroa, para conocer su perspectiva ante las molestias generadas en los distintos sectores por los nuevos cambios de la malla curricular.
Para Figueroa, cuestionar un proyecto que no ha iniciado es producto de la desinformación al momento de transmitir el mensaje.
“No es posible que empiecen a ver un punto negro en la manta blanca sin antes haber comenzado, porque aún no hemos llevado la consulta a los especialistas en estos temas”, acotó.
De igual forma, justificó que los contenidos para cumplir con la enseñanza en esta área solo aplica para la educación media, ya que es la etapa en la que los estudiantes comienzan a reconocer cambios corporales y de pensamientos.
“El tema se irá abordando de forma gradual y pertinente, de hecho, la malla le dará las actividades que se realizarán, la forma en cómo se llevará a cabo y qué competencias van a alcanzar”, puntualizó.
Reiteró que el proyecto está en fase de creación, siendo en el 2023 donde se realice el pilotaje en ocho departamentos para, de esta forma, implementarse en 2024.
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