Para Francia, esta ley es todo una sorpresa. Una persona que publique imágenes de un acto público, incluyendo agentes de policía, de una forma que pueda “dañar el bienestar físico o psicológico del agente” se enfrenta a una multa de 45.000 euros o un año de cárcel.

Tras casi cinco horas de un tenso debate, con momentos intensos entre los diputados y el ministro del Interior, Gérald Darmanin, finalmente la Asamblea Nacional respaldó la controvertida norma que algunos señalan como una limitación a la libertad de información.

Fuertes intercambios entre la mayoría y las oposiciones, pero casi cerrando el viernes, 146 votos a favor y 24 en contra, en un contexto de serias preocupaciones. Desde hace varias semanas, este texto, ha provocado la ira de los sindicatos de periodistas y defensores de las libertades públicas, quienes en particular exigen la retirada del artículo 24.

La disposición además tiene carácter discrecional y subjetiva. Posibilita a la policía arrestar a cualquiera que los grabe simplemente diciendo que se sienten incómodos al ser grabados, debilitando, para los críticos, la libertad de prensa y cualquier intento de responsabilizar a las fuerzas de seguridad por excesos en su accionar.

En los últimos días, y fuera de la preocupación por la pandemia del coronavirus, el debate galo estuvo centrado en torno a las posibles interpretaciones de esta disposición, en particular por las críticas hacia el ministro Darmanin, quien se ha mostrado poco certero en precisar el alcance del artículo.

En particular, cuando mencionó la idea de un posible desenfoque de los rostros de los agentes de policía cuando nunca había sido mencionado en el texto de sus relatores, Jean-Michel Fauvergue y Alice Thourot.

De hecho, la ambigüedad de la norma, provocó que varios miles de manifestantes contra la propuesta de “seguridad integral” marcharan por las calles de varias ciudades francesas.

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