El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández cumplió este lunes 49 días de haber sido capturado en su residencia en Tegucigalpa después de que el 14 de febrero EE.UU. solicitase su arresto preventivo para extraditarlo y poder enjuiciarlo por tres cargos asociados al narcotráfico y uso de armas.

Hernández fue capturado el 15 de febrero y desde entonces permanece recluido en las instalaciones de una unidad especial de la Policía Nacional, donde se le ha permitido hacer ejercicio y recibir a familiares y el equipo de su defensa.

El exgobernante sigue a la espera de lo que resuelva, posiblemente esta semana, la Corte Suprema de Justicia, cuyo pleno, compuesto por quince magistrados, el 28 de marzo ratificó la extradición a Estados Unidos que, el día 16 de ese mismo mes, autorizó un juez natural para que conociera el caso. La semana pasada, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, dijo a los periodistas, sin precisar fecha, que la Sala de lo Constitucional del Supremo conocerá esta semana un recurso de amparo a favor de Hernández.

Argueta indicó que la Sala de lo Constitucional será convocada con jueces «ad hoc», porque los quince magistrados del pleno de ese poder del Estado están imposibilitados, debido a que ya conocieron la causa en otras instancias. Una fuente del Supremo dijo hoy a Efe que, al menos hacia las 12:00 horas locales (18:00 GMT) la Sala de lo Constitucional no había sido convocada y que se está a la espera de que se entregue la «sentencia de apelación» y se nombre la «sala ad hoc para el amparo».

El presidente del Supremo enfatizó la semana pasada que no estaba en la capacidad de establecer el resultado de la acción de amparo que ha presentado el equipo legal del expresidente, y que responder sobre eso «sería un irrespeto y actuar al margen de la ley», así como pronunciarse sobre una fecha determinada sobre la eventual extradición.

Hernández, quien el 27 de enero concluyó su segundo mandato de cuatro años en el poder, el último salpicado por denuncias de la oposición en el sentido de que en 2017 fue reelegido mediante un fraude, es el primer expresidente de Honduras en ser requerido por la justicia de Estados Unidos para juzgarlo por narcotráfico.

El exgobernante ha rechazado todas las acusaciones sobre narcotráfico hechas contra él en los últimos cinco años por parte de narcotraficantes hondureños que enfrentan juicios en EE.UU. y la justicia de ese país. La semana pasada medios locales de prensa informaron de que tres abogados estadounidenses, que lo estarían defendiendo en Nueva York en caso de que se ratifique su extradición, habían llegado a Tegucigalpa para conocer más detalles sobre el caso.

Catalina Torres Gámez

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