Honduras debe respetar y proteger los derechos humanos de la comunidad LGBTI, señalaron este martes expertos en un evento auspiciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid) y la Unión Europea (UE). La exdiputada española trans y activista de ese colectivo Carla Antonelli dijo que Honduras debe legislar a favor de los colectivos vulnerables, como la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersexual (LGBTI).

«La pedagogía es fundamental, el compromiso de los Gobiernos, pero también en materia legislativa (es necesario) tener leyes destinadas a proteger los colectivos vulnerables, en este caso al LGBTI», subrayó. Honduras debe promover normativas encaminadas a garantizar a la comunidad LGBTI «sus derechos fundamentales, como el reconocimiento a la propia identidad e impedir la discriminación», señaló la activista española.

En la víspera, Antonelli se reunió en Tegucigalpa con autoridades del Registro Nacional de las Personas de Honduras, quienes le indicaron que «muy en breve las personas trans podrán modificar su nombre en su Documento Nacional de Identificación (DNI)». «Se debe seguir avanzando, esto es un primer paso que tiene que llevar a ese horizonte posible (…) donde no debe existir ningún tipo de diferencias», añadió.

Visibilizar problemas. 

Antonelli destacó además la importancia de visibilizar los problemas que enfrenta este colectivo, para «avanzar en esta sociedad», y afirmó que España es un ejemplo de ello. «Después de 40 años de dictadura, de leyes que nos perseguían y nos encarcelaban, en 1988 conseguimos hacer una democracia plena e imperfecta, pero una democracia posible, donde todos, todas y todes tuvimos una serie de oportunidades», enfatizó.

Lamentó que la comunidad LGBTI sufre «una situación alta de violencia» en Honduras, donde más de 400 personas han sido asesinadas desde 2009 y más del 90 % de los casos han quedado «en la más absoluta impunidad». Ante ese panorama, Antonelli instó a las autoridades de Honduras a «alzar una protección hacia ese colectivo, endurecer las leyes y crear normativas antidiscriminatorias». Además, se debe garantizar el derecho a la identidad de género y promover la educación para una «convivencia desde el respeto a nuestras propias diferencias».

España y la UE comprometidas con los Derechos Humanos. 

La responsable de programas de la AECID en Tegucigalpa, María Castro, dijo que España está «finamente comprometida» con los derechos de las personas LGBTI en Honduras. «Honduras ha dado algunos avances en los últimos años, especialmente a nivel de aceptación social de la diversidad y visibilidad de la misma», subrayó.

Castro afirmó que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) al Estado hondureño como responsable por la muerte de Vicky Hernández, una mujer transgénero, trabajadora sexual y reconocida activista, en 2009, «abre una oportunidad histórica sin precedentes». El caso se remonta al 28 de junio de 2009, cuando Hernández se encontraba con dos compañeras en la vía pública, en San Pedro Sula, norte de Honduras, durante la vigencia de un toque de queda que había sido decretado en el contexto del golpe de Estado de ese día al entonces presidente, Manuel Zelaya.

El Estado hondureño reconoció en mayo pasado su responsabilidad internacional por el asesinato de Hernández en razón de su expresión o identidad de género. La diversidad «siempre es la mejor opción y el derecho a decidir sobre el cuerpo y la vida sexual, es un derecho humano, cuenten con España», señaló la representante de programas de la Aecid.

Por su parte, la encargada de Negocios de la Unión Europea, Sonia Vega, dijo que los derechos de las personas LGBTI «también son derechos humanos». Además, exhortó al Gobierno de Honduras, a la sociedad civil, a la empresa privada y a la academia, a «actuar hacia la igualdad plena» y, para ello, «cuenten con la Unión Europea».

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