El Parlamento de Honduras aprobó este viernes un decreto que le permite a un ente especial investigar de forma autónoma y proceder de manera judicial en casos de corrupción de alto impacto, sin que tenga el visto bueno previo del fiscal general del Estado, Óscar Chinchilla.

«APROBADO: Decreto para autorizar a la @UFERCO1, a que proceda judicialmente en casos de corrupción de alto impacto sin aprobación previa del fiscal general ni de ninguna otra autoridad dentro del MP (Ministerio Público)», informó en la red social Twitter el titular del Parlamento, Luis Redondo, sobre la medida aprobada, con la que discrepan algunos sectores de oposición.

El decreto autoriza a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), del Ministerio Público (Fiscalía), a que investigue y proceda judicialmente. Para algunos sectores de oposición, entre ellos el Partido Nacional, que gobernó durante los últimos doce años, el otorgamiento de poderes especiales a la Uferco supone tener una unidad «paralela» al fiscal general del Estado, quien finalizará su período en 2023 y a quien algunos acusan de propiciar la impunidad en el país.

La Uferco ha venido trabajando desde hace varios años con muchas limitaciones, según su actual titular, el fiscal Luis Javier Santos, quien hoy aplaudió la decisión del Parlamento. Santos, a quien diversos sectores califican como el fiscal que más se ha entregado a la lucha contra la corrupción en Honduras, también advirtió que si a la Uferco no se le brinda el personal, con la capacitación y experiencia que se necesita, los casos de corrupción que investigue podrían demorar de tres a cuatro años para que lleguen a los tribunales de justicia.

La nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, al asumir el poder el 27 de enero, en sustitución de Juan Orlando Hernández, prometió retomar la lucha en su país contra la corrupción, flagelo que, según diversas fuentes, es uno de los principales causantes de la pobreza que ahora afecta a más del 70 por ciento de los casi diez millones de habitantes que tiene Honduras.

En ese sentido, Castro ya le solicitó apoyo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la creación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Cicih). La ONU ya envió una misión exploradora a Tegucigalpa en respuesta a la petición de Castro y se presume que la Cicih podría estar en el país centroamericano antes de que finalice 2022.

Los doce años del Partido Nacional en el poder, los ocho últimos bajo el mando de Juan Orlando Hernández, quien el 21 de abril fue extraditado a los Estados Unidos, que lo acusa de tres cargos asociados al narcotráfico y uso de armas, fueron salpicados por múltiples denuncias de corrupción, aunque él afirmaba que en sus dos mandatos combatió la corruptela.

En 2016, luego de un acuerdo entre el Gobierno que presidía Hernández con la Organización de Estados Americanos (OEA), se instaló en Tegucigalpa la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), que dependía del organismo hemisférico. Pero en enero de 2020 el Parlamento hondureño, entonces controlado por el Partido Nacional, no aprobó un segundo mandato de la Maccih, que ya había denunciado actos de corrupción que salpicaron a diputados, funcionarios y exfuncionarios.

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