El Estado del Vaticano ha advertido a sus empleados de que rechazar vacunarse contra el coronavirus puede tener consecuencias como el despido, al «poner en riesgo la salud pública».
El presidente de la Comisión Pontificia del Estado de la Ciudad del Vaticano, el cardenal Giuseppe Bertello, firmó un decreto con medidas para afrontar la emergencia de sanidad pública, en el que se explica que habrá sanciones económicas a quien no cumpla estas normas, como la vacunación, y si se persiste se podrá llegar «a terminar la relación laboral» para quienes no tengan «comprobadas razones de salud».
El Vaticano inició el mes pasado una campaña de vacunación entre sus cerca 800 residentes y sus más de 3.000 empleados y sus familias.
Las sanciones previstas en el artículo 6 se refieren a una ley del Vaticano de 2011, que ya preveía para los empleados del Vaticano que no se sometan a «exámenes médicos oficiales» «responsabilidad y consecuencias» «hasta la terminación de la relación laboral».
Tanto el papa Francisco, de 84 años, como el pontífice emérito Benedicto XVI, de 93 años, han recibido la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y están inmunizados.
La dirección sanitaria y de Higiene de la Ciudad del Vaticano reservó cerca de 10.000 vacunas de compañía farmacéutica Pfizer para su campaña de vacunación, que comenzó el pasado 13 de enero.
El papa Francisco ya había adelantado que se vacunaría en una entrevista realizada antes de recibir la primera dosis.
«Creo que éticamente todo el mundo tiene que vacunarse. Es una opción ética porque concierne a tu vida, pero también a la de los demás», destacó entonces Francisco.
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