La administración Trump, infatigable en su batalla contra la inmigración irregular y la llegada de solicitantes de asilo, acaba de dar un nuevo paso que vincula directamente a los extranjeros con la idea de delincuencia. En pocas semanas obligará a todo aquel que llegue sin papeles a la frontera a entregar su ADN a las autoridades estadounidenses.
Este nuevo plan ha puesto en alerta tanto a la comunidad científica como a las organizaciones civiles del país, que desconfían del uso que el gobierno puede hacer de esa información genética ahora y en el futuro.
El nuevo reglamento del Departamento de Justicia autoriza a recolectar muestras de ADN de cientos de miles de personas que cruzan sin autorización de México a EEUU, para crear una ingente base de datos de solicitantes de asilo y otros inmigrantes. Este material se utilizará, en teoría, para ayudar a combatir el crimen, entrando a formar parte de los archivos genéticos del FBI, que ya recogen los perfiles de casi 18 millones de personas.
Esta nueva norma, emitida por el fiscal general William Barr y publicada ya en el Registro Federal, tiene un plazo de 20 días de exposición pública antes de su entrada en vigor. En ella se define como “huella digital genética” las muestras que se recogerán con la idea de cotejarlas en caso de necesidad a la hora de resolver un delito. Sí se aclara que no serán empleadas para desvelar «los rasgos, trastornos o disposiciones futuras del individuo».
Fuente: EL ESPAÑOL
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