El Congreso de El Salvador aprobó este jueves una ley para proteger a las víctimas del desplazamiento forzado generado por las pandillas más de año y medio después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le ordenará emitir la legislación.

De esta forma, el Congreso reconoció oficialmente el fenómeno, que solo en 2018 dejó más de 235.700 personas desplazadas por violencia, según proyecciones de una encuesta nacional de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).

«El desplazamiento forzado interno en El Salvador encuentra como principales determinantes los altos índices de victimización, territorios con tejido social frágil, el control territorial por grupos criminales, así como las amenazas que obligan a las personas a abandonar sus hogares», reconoce la ley, aprobada con 82 votos de los 84 diputados.

La legislación, que debe ser firmada por el presidente del país, Nayib Bukele, para entrar en vigor, establece como su principal fin «reconocer, garantizar y proteger los derechos fundamentales de las personas en condición de desplazamiento forzado interno, y aquellas que se encuentran en riesgo de serlo».

Señala que esto se realizará «mediante el establecimiento de procedimientos preventivos y de un sistema de atención eficiente con enfoque humanitario que incluya soluciones duraderas».

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