Unos 591.000 hondureños han sido deportados a Honduras entre 2010 y 2021, y el 69 % de los retornados piensa en volver a emigrar, según un estudio divulgado por el Foro Social de la Deuda Externa del país centroamericano (Fosdeh, privado). El retorno de 591.000 hondureños en los últimos once años refleja que a la deportación les subyace «un flujo aún más grande de migrantes irregulares que logran arribar al destino elegido», señala el estudio publicado por el Fosdeh en un evento virtual.

De acuerdo con el informe, el alto flujo de remesas que recibe Honduras parece «neutralizar y olvidar las concepciones políticas necesarias para una atención integral» de la migración irregular. «La atención vigente de vulnerabilidad social en general y de los migrantes deportados es muy marginal y abiertamente desarticulada» y la cifra de deportados entre 2010 y 2021 reflejan que el problema migratorio «permanece invisible».

Factores impulsores de la migración. 

El modelo económico, la persistente pobreza, la violencia, la pandemia de la covid-19 y los huracanes Eta e Iota, que azotaron Honduras en 2020, son elementos «impulsores» de la migración irregular y la deportación, pero los hondureños que han logrado arraigarse fuera del país también constituyen un factor adicional de atracción, añade el documento.

Maximiliano Burdett, uno de los autores del estudio, dijo que las personas de entre 16 y 35 años son las más salen de Honduras en busca del «sueño americano». Muchos de los hondureños que emigran tienen baja escolaridad, señaló el experto, quien indicó que las personas que trabajan en la economía informal o están subempleadas son las más salen del país.

Burdett afirmó que la emisión de visas temporales de trabajo puede ser «la ruta para detener el éxodo de personas que exponen su vida en el camino» hacia Estados Unidos, donde se estima que viven 1,5 millones de hondureños entre legales e ilegales, según el Fosdeh. «La salida migratoria, regular o irregular, es la opción racional para mutar las vulnerabilidades por oportunidades y fortalezas», destaca el estudio.

Riesgos y amenazas. 

La acumulación de riesgos y amenazas representan, en el marco de la pandemia, «mayor vulnerabilidad de las familias del migrante, real y potencial, que aún puede incrementarse cuando eventualmente adquieren la enfermedad», añade.

Muchos de los migrantes retornados han conseguido «pequeños trabajos temporales de muy baja remuneración» en Honduras, país donde los nacionales deportados vuelven a «readquirir las vulnerabilidades previas» al viaje migratorio, precisa el documento. El país tiene deficiencias a nivel del marco legal e institucional para enfrentar el fenómeno migratorio, ya que está orientado a «ciertas formas de asistencialismo que no contribuyen a la prevención de la migración irregular», subraya.

El Fosdeh instó al Estado de Honduras a formular una estrategia nacional para enfrentar la migración irregular, un fenómeno motivado por la desigualdad, la violencia y la pobreza, entre otros.

Proyectos y educación, claves. 

«Confrontar las vulnerabilidades supone plantear una reingeniería de las relaciones entre los sectores públicos y privados, incluyendo los roles trascendentales de aquellas organizaciones de la sociedad civil que han estado atendiendo los retornados», agrega. Además, recomienda «negociar las vías regulatorias» de los migrantes, así como promover proyectos de desarrollo para prevenir la migración irregular. «Para prevenir la migración irregular es imprescindible dirigir uno o varios programas coordinados para generar cambios sensibles en la conducta de la juventud más predispuesta a abandonar el país», señala el estudio.

Honduras también necesita reformar el sistema educativo, lo cual implica «enseñar a producir y comercializar y enfocar nuevos esfuerzos para construir nuevos proyectos de vida que sustituyan gradualmente la aspiración migratoria», resalta el documento.

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