Unas 20 cámaras eran utilizadas para identificar a las víctimas y a través de ellas se realizaba el monitoreo de los crímenes que estos ejecutaban en la vía pública, según la Policía Nacional, que realizó el decomiso de los dispositivos.

Entre algunos de los puntos donde los pandilleros estaban vigilando a la población y las patrullas policiales está la colonia Villeda Morales y también la carretera que conduce hacia la represa La Concepción, dijo el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez Madrid.

De acuerdo a la información, las cámaras eran utilizadas para identificar a las víctimas y a través de ellas se realizaba el monitoreo de los crímenes que estos ejecutaban en la vía pública.

Asimismo, a través de las mismas se daba seguimiento a los operativos policiales que se desarrollan en estos lugares.

La Policía Nacional informó que el objetivo de la operación es evitar que la «operatividad policial sea monitoreada» y que los grupos delictivos mantengan vigiladas esas zonas.

Madrid señaló que con ese moderno sistema de cámaras de vigilancia las maras y pandillas están viendo el registro de las placas de los carros, qué tipo de vehículo ingresa, cuándo ingresa, quiénes son los propietarios y a dónde se dirigen.

Después del decomiso, las autoridades han procedido a un vaciado por parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y unidades audio forenses para determinar qué imágenes se obtuvieron y desde cuándo se colocaron estas cámaras.

La pandilla Barrio 18 y la Mara Salvatrucha MS-13 son dos de los grupos delictivos más peligrosos de Honduras y controlan gran parte de las zonas denominadas calientes en el departamento de Francisco Morazán.

Lamentan inoperancia del 911

Por otro lado, Martínez Madrid lamentó que actualmente no estén funcionando las más de 3,200 cámaras de seguridad del Sistema Nacional de Emergencias 911 por un problema contractual del proveedor con el Gobierno y calificó de «inaudito» que los mareros y pandilleros si puedan estar vigilando a la población.

«No tenemos acceso para ver a los delincuentes, pero los delincuentes sí nos pueden ver a nosotros, porque han colocado cámaras a lo largo de estas colonias y tienen monitoreada a la policía y toda la población», dijo a medios nacionales.

El sistema de monitoreo fue suspendido por la empresa proveedora ante la falta de pago del Gobierno, que alega que el contrato de servicio, firmado en 2021 por 154 millones de dólares, es oneroso.

Honduras se encuentra en un estado de excepción vigente desde el pasado 6 de diciembre de 2022 y que recientemente se extendió hasta el 6 de abril de 2023.

El estado de excepción busca golpear a estructuras criminales que se han lucrado mediante la extorsión (impuesto de guerra), delito que en los últimos años ha aumentado y ha causado centenares de muertos en el país centroamericano.

Bajo este régimen de excepción, las autoridades dan cuenta de la captura de más de 4,233 personas por varios delitos de y 415 supuestos pandilleros.

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