El titular de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (Stlcc) de Honduras, Ángel Edmundo Orellana, denunció este miércoles un presunto boicot contra esa institución, porque no le han habilitado su presupuesto.

Ante esa situación, la Stlcc no puede evitar la interrupción de los servicios que presta por medio de sus plataformas digitales. Orellana, exfiscal general del Estado, dijo en un comunicado que el Parlamento hondureño, a instancia del poder Ejecutivo, aprobó el presupuesto de la Stlcc, «pero las autoridades competentes aún no lo han habilitado».

Señaló además que el presupuesto está congelado desde el 7 de abril, cuando fue creada la Stlcc, «pese a que todo lo que fue requerido para ello se cumplió oportunamente, impidiendo el cumplimiento de las obligaciones financieras», como salarios de los empleados, pago a proveedores y servicios públicos, entre otros.

Sin tener presupuesto «es imposible financiar los costos de los servicios señalados», indicó Orellana. El alto funcionario afirmó que la «inexplicable falta de presupuesto ha provocado gravísimos problemas a la Stlcc, además de la flagrante violación a los derechos humanos por lo que se refiere al no pago de salarios a los empleados, quienes se encuentran en situación de calamidad doméstica».

«Y no dudamos que más amenazas vendrán, desde las redes de corrupción del régimen anterior que se resisten a abandonar el poder para impedir que se instale el sistema de transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción propuesto por la señora presidenta de la República (Xiomara Castro) en su Plan de Gobierno», expresó Orellana.

Además, considera que los intentos de «boicotearla» no serán obstáculo para cumplir las propuestas presidenciales. Orellana indicó que si finalmente habilitan el presupuesto de la Stlcc, en fecha que se desconoce, hará saber públicamente la reanudación de los servicios.

La Secretaría de Finanzas no se ha referido al congelamiento del presupuesto de la Stlcc, que no sería la única cartera que tiene problemas con sus asignaciones para funcionar, según versiones extraoficiales. La presidenta de Honduras, esposa del expresidente Manuel Zelaya, asumió el poder el 27 de enero, después de doce años consecutivos del conservador Partido Nacional en el poder, que fueron salpicados por múltiples denuncias de corrupción y narcotráfico.

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