Al menos 75 personas han muerto entre enero y julio de 2019 en ataques en contra del servicio de transporte público en Honduras, perpetrados en su mayoría por pandilleros que exigen el pago de extorsiones, informó este jueves el estatal Comisionado de los Derechos Humanos (Conadeh).

En los ataques murieron 33 chóferes de autobuses, 18 taxistas y los restantes 24 entre ayudantes, conductores de mototaxis, empresarios y directivos del transporte, detalla un informe de ese organismo que preside Roberto Herrera.

Además, precisó que los departamentos de Cortés (norte) y Francisco Morazán (centro) son los sitios donde se registran la mayor parte de los ataques en contra de unidades del transporte.

El documento señala que solo en el mes de julio de este año al menos 18 personas murieron en 18 ataques perpetrados contra taxis y autobuses.

Las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa, las dos principales del país, registraron en julio once ataques en contra del servicio de transporte, que dejaron quince personas muertas, en su mayoría taxistas y conductores de autobuses.

El defensor del pueblo hondureño expresó su preocupación por el aumento de atentados y amenazas que sufren los empleados del transporte público, uno de los sectores más afectados por las extorsiones que les exigen varias bandas, entre ellas la Mara Salvatrucha y la pandilla 18, a cambio de no asesinarlos.

Herrera señaló que impunidad prevalece en la mayoría de esos casos, por lo que considera necesario “ser más certero y diligente” en la investigación para identificar, detener y sancionar a los responsables de esas muertes.

En los últimos años, en Honduras trabajar de taxista o chófer de autobuses se ha convertido “en una ocupación de alto riesgo para quienes la ejercen, ya que tienen que exponer su vida a cualquier hora del día”, añadió.

Los empleados del transporte en Honduras son víctimas de asaltos y robos con resultado de muerte en algunos casos, y del cobro de extorsiones que hacen pandillas juveniles.

En marzo pasado, el Gobierno hondureño, que preside Juan Orlando Hernández, creo la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, con el fin de combatir la extorsión y otros delitos perpetrados por pandillas, pero estos continúan todavía.

El delito de extorsión en Honduras es castigado con entre 30 y 26 años de prisión, según una reforma al Código Penal aprobada en octubre de 2014 por el Parlamento del país centroamericano.

Fuente: EFE

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