El coordinador del Tribunal de Sentencias de Francisco Morazán, Mario Díaz, respaldó este viernes la fallida iniciativa de ley que se pretendía aprobar en el Congreso Nacional para crear una nueva Ley de Defensa y Seguridad que excluía del Consejo de Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), entre varias instituciones, al Poder Judicial de Honduras.
Díaz apuntó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no debe estar en un Consejo porque violenta la independencia de ese poder.
«Lo bueno (del proyecto de ley) es que se sacaba al Poder Judicial de ese organismo de seguridad, porque siendo que el CNDS es presidido por el Ejecutivo, entonces el Poder Judicial entraba supeditado a los dictados del presidente de la República», manifestó.
Comentó que al ser integrada la CSJ en el Consejo de Nacional de Defensa y Seguridad, el Poder Judicial pierde su independencia porque se sujeta a las decisiones que toma el Ejecutivo, en este caso, las decisiones de la presidenta Xiomara Castro, del izquierdista partido Libertad y Refundación (Libre).
«Es lo que siempre criticamos del régimen anterior, donde Juan Orlando Hernández (2014-2022) presidía el CNDS y por lo tanto la CSJ perdía su independencia; para nosotros era acertado en la nueva ley (que se excluyera al Poder Judicial) y es una demanda que nosotros hemos hecho», apuntó.
Asimismo, lamentó que el Congreso Nacional no pudiera aprobar la nueva ley por falta de acuerdos entre las bancadas, pues no se lograron los 65 votos (mayoría calificada) en la sesión del 18 de agosto. Además, porque no se socializó con anterioridad para su debida discusión.
«Muchos de los miembros de la Cámara Legislativa no estuvieron de acuerdo a que se discutiera la ley porque se las habían pasado con mucha premura y esto debe de corregirse porque una ley tan importante debe de ser vista con mucha rigurosidad por parte de los legisladores», señaló.
Ley de Defensa y Seguridad
El Congreso Nacional no aprobó la polémica nueva Ley de Defensa y Seguridad, luego de que no se reuniera la mayoría simple necesaria (65 votos) en su tercer y último debate celebrado en la sesión del jueves 18 de agosto.
El proyecto de ley enviado por la presidenta Castro pretendía excluir del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad a los titulares del Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y Defensa; es decir, tres de los seis actuales miembros.
El Consejo, de acuerdo al proyecto, sería presidido por titular del Poder Ejecutivo (Xiomara Castro), como lo dice la actual norma. De igual manera, creaba las figuras de un secretario ejecutivo y su secretario adjunto, que dependían del Presidente.
Además, formarían parte del Consejo lo los titulares de la Policía Nacional; Fuerzas Armadas; Cancillería; Dirección de Marina Mercante; Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y Procuraduría General de la República.
De igual manera, la Dirección de Administración Aduanera de Honduras; la Unidad de Información Financiera y la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco).
Comentar