Con una condena firme en contra, la actual vicepresidenta no podría postularse, aunque todo el proceso podría demorar años tras la esperada apelación del fallo.

La vicepresidenta de Argentina Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado en la causa conocida como Vialidad, en la que se investigaron los contratos otorgados a empresarios cercanos a la administración kirchnerista.

Aunque la peronista Kirchner, quien fue presidenta entre 2007 y 2015, no irá a prisión hasta que la sentencia esté firme y por contar con fueros, la decisión de la Justicia generará más incertidumbre en un país que atraviesa una crisis económica y un fuerte antagonismo político.

La sentencia fue una decisión de los jueces del el Tribunal Federal 2 de la ciudad de Buenos Aires Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

La ex Presidenta se enteró de la sentencia en su despacho del Senado en Buenos Aires. El fiscal Diego Luciani, que en su alegato final había pedido 12 años de condena para la dirigente peronista, también escuchó el resultado del proceso desde su oficina.

La decisión fue informada poco después de las 17 en los tribunales federales en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Retiro. Afuera, un grupo de militantes kirchneristas cantaba “Cristina presidenta”, bajo un intenso calor.

Cristina Kirchner no estaba sola en el banquillo. También estaban acusados el empresario Lázaro Báez, para quien solicitaron 12 años; Julio de Vido, ex ministro de Planificación; José López, ex secretario de Obras Públicas; Nelson Periotti, ex titular de Dirección Nacional de Vialidad; Mauricio Collareda, jefe de Distrito N°23 Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; Juan Carlos Villafañe, ex jefe de la Administración General de Vialidad Prov. de Sta. Cruz (AGVP); Raúl Daruich, responsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV; Raúl Pavesi, ex titular de la AGVP; Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; José Raúl Santibáñez, ex presidente del directorio de AGVP; Héctor Garro, ex presidente de la AGVP; y Carlos Santiago Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal.

Cristina Kirchner es la dirigente más popular de la alianza oficialista de centroizquierda, que el año próximo enfrentará unos comicios que, según los sondeos, podría perder en manos de la oposición de centroderecha.

Con una condena firme en contra, la actual vicepresidenta no podría postularse, aunque todo el proceso podría demorar años tras la esperada apelación del fallo.

Miles de militantes con bombos y banderas de apoyo a Cristina Kirchner se manifestaron en las afueras del edificio de Justicia, en Buenos Aires, tras conocerse el veredicto, que podría ampliar el fuerte antagonismo entre el oficialismo y la oposición, que los argentinos llaman “grieta”.

El caso

El juicio comenzó en 2019 y se juzgaron las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz de 2003 a 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El fiscal dio por probado que las licitaciones fueron amañadas, que las empresas no tenían capacidad para hacerlas, que la mayoría no las terminó y que a pesar de eso fue el único empresario que cobró la totalidad.

Luciani pidió que Cristina Kirchner y Báez sean condenados a 12 años de prisión. Acusó a la Vicepresidenta de ser la jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Para el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, para el ex secretario de Obras Públicas José López y para el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti reclamó 10 años de cárcel, entre los principales acusados.

La Fiscalía consideró que el perjuicio al estado fue de 5.231 millones de pesos y también pidió que se decomisen bienes de los acusados por ese monto dividido entre los acusados. También reclamó el decomiso de las empresas de Báez y de 12 estancias compradas por él y por sus hijos.

Las defensas por su parte rechazaron todas las acusaciones y dijeron que no están probado los delitos de los que habló la fiscalía. Reclamaron sus absoluciones. En el último tramo, Cristina Kirchner se convirtió en abogada en causa propia y afirmó: “Si dije que este era el tribual del lawfare, después de todo lo que me tocó vivir, este tribunal es un pelotón de fusilamiento”.

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