Ramón Sabillón, ministro de la Secretaría de Seguridad, informó que el gobierno creará una comisión tripartita encaminada a la investigación de casos de violaciones de Derechos Humanos en el conflicto de tierras del Bajo Aguán.
Mediante una conferencia de prensa, el funcionario informó que la comisión será integrada por la Secretaría de la Presidencia de la República, el alto comisionado de Derechos Humanos y abogados internacionales propuestos por la Plataforma Agraria.
En el comunicado que leyó Sabillón informó: “El Gobierno hace suya la preocupación de investigar a profundidad si el conflicto del Bajo Aguán no solo reviste el carácter de un conflicto eminentemente agrario; sino que puede también estar impregnado de casos de violación a los a los Derechos Humanos, por ello procede a integrar la Comisión Tripartita a proporcionar la respectiva información que han suministrado las partes y a girar convocatorias a sus integrantes a la primera reunión que se realizará en el despacho del Secretario de Seguridad”.
El funcionario explicó que la comisión tiene como punto toral, por órdenes de la presidenta Xiomara Castro, la protección de los Derechos Humanos, garantizarlos e investigar de forma exhaustiva, pormenorizada, técnica y científica a fin de encontrar o descartar si ha habido tales violaciones a los Derechos Humanos.
Añadió: “Pero es actuar con contundencia para que estos hechos no sean repetitivos y también encaminado al segundo aspecto, muy importante para nosotros, que es la tenencia y seguridad jurídica de la tierra y tercero quede como resultado, después de este proceso investigativo, la judicialización de los casos y si es el tema de la tenencia de la tierra los respectivos desalojos que puedan devenir de un proceso judicial, nosotros aplicaríamos con la rigurosidad que la ley manda”.
Por su parte, el director del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Fúnez, detalló que la investigación de la comisión tripartita será de forma permanente.
“Queremos un equilibrio, respetar los derechos de propiedad, respetar el derecho a la tierra de los campesino y no violentar los derechos humanos”, afirmó.
Fúnez citó que 147 personas han muerto en la última década por los conflictos de tierra en el Bajo Aguán.
Además, garantizó que se respetará la propiedad privada, pero siempre se reconocerá el derecho de los campesinos a la tierra.
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