Los líderes comunitarios, organizados como Comité por la Paz y el Desarrollo de Tocoa, llegaron acompañados de representantes de la sociedad civil del municipio, organizaciones, universidades y sector privado, entre otros, que afirman que tienen derecho a la vida, el trabajo, salud y educación.

Líderes de unas 13 comunidades de Tocoa, Colón, que apoyan un proyecto minero en la zona, viajaron a Tegucigalpa para visitar la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), donde pidieron apoyo para que se les respeten sus derechos y denunciaron a un grupo de falsos ambientalistas que los mantiene amenazados.

“Nosotros somos gente humilde y honrada que tenemos derecho a trabajar y que no se nos siga amenazando solo por apoyar a esta empresa minera que ha venido a mejorar nuestras vidas. Ya son 10 las personas que han matado falsos ambientalistas solo por trabajar en la empresa Los Pinares o por estar a favor”, denunció Julio César Hernández, presidente de la Federación de Patronatos del sector montaña de Tocoa.

Los líderes comunitarios, organizados como Comité por la Paz y el Desarrollo de Tocoa, llegaron acompañados de representantes de la sociedad civil del municipio, organizaciones, universidades y sector privado, entre otros, que afirman que tienen derecho a la vida, el trabajo, salud y educación.

Los tocoeños expresaron ante la OACNUDH que hay un proyecto minero que realiza la empresa Inversiones Los Pinares que está siendo fundamental para el desarrollo de sus comunidades y pidieron que no se les continúe amenazando solo por apoyar dicho proyecto de minería.

Parte del comité fue recibido por autoridades de OACNUDH, quienes por más de una hora escucharon a los representantes de Tocoa, mientras que un nutrido grupo de otros habitantes se posaron afuera de las oficinas exigiendo un trato igualitario y exigiendo que se frene la persecución contra quienes apoyan las obras mineras.

Por su parte, Lucía Pérez, de la comunidad de La Laguna, se sumó a las denuncias.

“¿Cómo es posible que a nosotros que somos 13 comunidades a favor de la minera nos ignoran y solo le hacen caso a un pequeño grupo de Guapinol que se opone a la vida y al desarrollo?. Nadie los ha autorizado para hablar por nosotros. Ya basta de mentiras. El río Guapinol no se ha contaminado y las únicas amenazas que hay son las que recibimos nosotros por apoyar el proyecto minero”, señaló.

Los representantes de las comunidades y patronatos que viajaron a Tegucigalpa son de las zonas de Tocoa de: San José de García, La Laguna, Brisas de Corozales, Corrales de Piedra, Asentamiento Campesino La Lempira, Cayo Campo, Ceibita Comunidad, Colonia Gracias a Dios, Ceibita Colonia, La Concepción, Santa Rosita y La Coroza, también representantes de sociedad civil y sector privado del municipio, así como universidades, Centro de Rehabilitación Integral de Colón (Cricol); miembros de la Asociación de Ambiente, Derechos Humanos y Justicia (ADJ) y viudas de víctimas de la delincuencia que afecta Tocoa, entre otros.

Ediberto Alemán, presidente de la Asociación de Ambiente, Derechos y Justicia (ADJ), indicó que a raíz de la petición de comunidades realizan un acompañamiento a estudios realizados en la zona.

“Acompañamos la realización de los estudios ambientales, de calidad de agua, suelos y aire y todos han descartado que exista contaminación en la zona del río Guapinol. Es que de hecho, lo primero que descubrimos es que la empresa ni siquiera ha empezado a operar, por lo que no puede haber afectación. En la fase que está ahora, la investigación halló que la empresa cumple las medidas ambientales. Las comunidades han pedido que les acompañemos para dar fe de esto, porque entonces no hay razón válida para frenar la fuente del sustento de vida de cientos de familias”, expresó.

El viernes pasado, los líderes de las comunidades de Tocoa y representantes de la sociedad civil se reunieron con representantes de derechos humanos de la Embajada de Estados Unidos en Honduras para pedirles también apoyo en que se respeten sus derechos humanos y que no se les siga criminalizando ni amenazando por estar a favor del proyecto minero en la zona.

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