Comisionados de Derechos Humanos de Iberoamérica concluyeron un encuentro en Honduras con un llamado a los Estados a poner atención en los desplazamientos forzados a causa de la violencia, la pobreza y la débil economía. El jefe de Gabinete de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, Diego Rivero, dijo que los Estados necesitan «ahondar esfuerzos con políticas públicas de atención integral en salud, trabajo, temas sociales, culturales» a las personas desplazadas.

Los Gobiernos deben impulsar políticas públicas «eficaces» que contribuyan a que los desplazados o migrantes tengan «el más alto estándar de protección de derechos humanos en el momento en que están en tránsito o en el país de destino», señaló. Rivero destacó la importancia de que los Estados «protejan» los derechos de las personas en movilidad humana y «no los vulneren».

Consecuencias «irreversibles». 

En Latinoamérica, donde muchos países han reconocido el fenómeno del desplazamiento forzado, los mayores violadores de los derechos humanos de las personas en movilidad «son los mismos servidores públicos, que no están concientizados y se aprovechan del estado de vulnerabilidad de las personas», subrayó. Los Estados deben «garantizar la salud de toda la población en situación de movilidad» aunque su condición migratoria sea irregular, indicó Rivero, quien pidió a los Estados promover políticas públicas para alcanzar una «ciudadanía sin fronteras y universal».

El desplazamiento forzado, que tiene miles de víctimas, deja consecuencias «irreversibles» en las mujeres, niños y adolescentes, enfatizó el jefe de Gabinete de la Defensoría del Pueblo de Bolivia. «Los niños, niñas y adolescentes caminan fronteras, tienen que pasar hambre, no tienen derecho a la salud, son raptados, violados por servidores (públicos) o redes de trata de personas», lamentó. Rivero precisó que la Defensoría del Pueblo juega un papel importante para «insistir, pedir y obligar» a los Estados a proteger a las personas en movilidad y garantizar los derechos humanos.

Atender causas del desplazamiento.

Miles de personas se ven obligadas a desplazarse de manera forzada en la región, la mayoría por la violencia y la falta de derechos económicos, dijo el delegado adjunto de la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador, Saúl Baños. La inseguridad y la falta de cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, han propiciado que miles de personas dejen sus lugares de residencia para buscar muchas veces algo tan básico como su integridad física o mejores condiciones de vida, señaló.

Baños instó a los Gobiernos a atender las causas del desplazamiento forzado interno y destacó «la corresponsabilidad» de organismos internacionales, los sistemas de protección de derechos humanos, la cooperación internacional y la sociedad civil frente al fenómeno. Sin embargo, señaló que la mayor responsabilidad ante el desplazamiento forzado es de los Estados a través del diseño de políticas públicas para atenderlo. Quién no ha sufrido dicho fenómeno en la región «no puede dimensionar las afectaciones que tiene en las personas, las familia y el tejido social», añadió Baños.

No basta solo crear leyes para abordar el fenómeno.

Las políticas públicas son «herramientas» para que los Estados «puedan satisfacer las necesidades» de la población y evitar así el desplazamiento o que migren, precisó el especialista, quien resaltó «la corresponsabilidad» de la empresa privada. Afirmó que para abordar este tema «no basta únicamente, aunque es un paso importante, el reconocimiento del fenómeno y la creación de leyes», pues los Estados fallen en la implementación de esas políticas públicas.

Los Gobiernos «se justifican en la poca existencia de recursos, entonces hay que crear políticas económicas que hagan llegar los recursos, evitar la evasión, corrupción, para que los fondos sean utilizados adecuadamente y que se generen desde la institucionalidad estatal las condiciones para que la gente tenga seguridad, oportunidades de vida», subrayó. Baños señaló que la cooperación internacional debe tener «una responsabilidad enorme» frente a las causas del desplazamiento forzado, principalmente en los países Latinoamericanos que cada vez más «se ven más empobrecidos y más problematizados» por la criminalidad, inseguridad humana y mala economía. En el caso de Honduras, el Estado reeconoció en 2013 el desplazamiento forzado, pero hasta ahora no ha resuelto el problema ni ha logrado un mecanismo de asistencia a las personas desplazadas por la violencia, según organismos de derechos humano.

Catalina Torres Gámez

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