El director ejecutivo de SAR, Marlon Ochoa, indicó que la nueva Ley de Justicia Tributaria tiene tres objetivos.
En primer lugar, según Ochoa, la pretendida reforma tributaria busca detener los abusos en los regímenes de las exoneraciones fiscales.
En segundo lugar, detalló que el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro pretende sin crear más impuestos, lograr que el que más gane, más pague, es decir, una «justicia tributaria».
Y por último, manifestó que con la Ley de Justicia Tributaria el Ejecutivo busca profundizar en la transparencia fiscal.
Asimismo, permitir al Servicio de Administración de Rentas acceder al secreto bancario para las grandes empresas y evitar que Honduras sea declarada como «paraíso fiscal».
El funcionario contó que en diciembre de 2021, el anterior gobierno -de Juan Orlando Hernández- recibió una comunicación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la que alertaba que, si no se derogaba el régimen ZEDE y Zoli (Zonas Especiales), Honduras seria declarado como un país con regímenes perniciosos.
«Para hacer esto es necesario revertir el esquema de privilegio y abusos que se dieron durante los 12 años y medio de la dictadura, en donde se crearon seis regímenes de exoneraciones, en donde se ampliaron los beneficios fiscales a diversas empresas», indicó Ochoa.
Cohep analizará propuesta
Por su parte, el presidente del Cohep, Mateo Yibrín, dijo que como empresa privada analizarán la propuesta y en los próximos días enviarán sus observaciones.
De igual forma, agradeció la disposición del Gobierno por socializar con el sector empresarial el proyecto de Ley de Justicia Tributaria, el cual remitirán a todos sus gremiales para que puedan estudiar los impactos y beneficios del mismo.
«Lo que más nos ocupa a nosotros es cómo podemos trabajar juntos con el Gobierno para crear un país con un clima de inversión que ofrezca más salarios dignos –formales- a los hondureños», expresó Yibrín.
Estimó que solo el 16 % de la población hondureña económicamente activa tiene salarios dignos como el mínimo, los que pagan el treceavo, catorceavo y seguridad social.
Finalmente, el titular del Cohep agregó que «con la responsabilidad que merece este proyecto de ley lo vamos a analizar profundamente y trasladaremos a la brevedad posible al Gobierno y el Congreso Nacional nuestras observaciones».
La misión del gobierno estuvo encabezada por el secretario privado, Héctor Manuel Zelaya; el titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa; y el ministro de Desarrollo Económico (SDE), Pedro Barquero.
Eliminación de exoneraciones fiscales
La reforma tributaria fue anunciada por la presidenta Xiomara Castro, quien aclaró que el cambio a la actual legislación no generará en un aumento de impuestos y que servirá para prevenir y regular los abusos tributarios y las políticas de exención.
De acuerdo con fuentes oficiales del Servicio de Administración de Rentas (SAR), la nueva Ley de Justicia Tributaria va en dos grandes componentes.
El primero contempla eliminar 16 de los 18 regímenes de exoneraciones existentes y dejar únicamente 2 que están dirigidos a las micros, pequeñas y medianas empresas.
No obstante, se reconocerán los derechos adquiridos de las que exoneraciones que ya están en vigencia hasta que concluyan, pero serían auditadas, porque se fortalecerán los sistemas de control.
Por otro lado, crearán dos nuevos regímenes de beneficios fiscales, uno para inversión nacional, que lo manejará el SAR, y otro para inversión extranjera, que dependerá de Aduanas de Honduras.
Las exoneraciones se limitarán a 5 años, con una prórroga de 5 si se utilizó bien esa exención. Mientras que las actuales se pueden adherir al nuevo régimen a cambio de no ser auditadas.
Grandes patrimonios
Asimismo, el segundo componente de la Ley de Justicia Tributaria estaría enfocado en los grandes patrimonios, ya que actualmente no hay una ley de beneficiario final de las grandes empresas, por lo que se reformarían el Código de Comercio, que da anonimato a los inversionistas.
Otra de las reformas sería el cambio de la figura de renta territorial a renta internacional, con la que se busca que los nacionales que inviertan en el exterior paguen por las utilidades que perciben.
Asimismo, se eliminarían las amnistías y regularizaciones.
Según las cifras del SAR, el Estado de Honduras otorgó en 2022 exoneraciones que ascendieron a 57 mil millones de lempiras, lo que representó un 7 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Estos beneficios se dan, principalmente, a 25 grupos empresariales, 13 nacionales y 12 extranjeros.
Honduras es el segundo país de Latinoamérica que más gasto tributario tiene, pero, a su vez, es el segundo país más pobre y más desigual de la región.
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