El Congreso Nacional de Luis Redondo salió aplazado en un informe de veeduría ciudadana realizado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
El informe bautizado como “Congreso que votamos, al Congreso que tenemos”, detalla que el Poder Legislativo tiene un índice 75% de desaprobación de la población y cuestiona la legalidad de la junta directiva y su pobre agenda legislativa.
De acuerdo con el CNA, en los 18 departamentos del país se dio la misma tendencia, “de calificar de mediocre a los diputados”. En el CN se han presentado 478 proyectos de ley, de los cuales solo han sido aprobados 67, en su gran mayoría enviados por el Ejecutivo. También se evidenció el pobre desempeño de los diputados y los gastos excesivos versus la acción legislativa.
Además, se condena las leyes y decretos impulsados por Redondo que obstaculizan el combate a la corrupción. El decreto amnistía, la derogación del trabajo por hora, las facultades otorgadas a la Uferco son algunas de las leyes, según el CNA, que se aprobaron al margen de la Carta Magna.
En el informe, el ente de sociedad civil también cuestionó, una vez más, la legalidad de la junta directiva de Redondo. “Para ellos (junta directiva) el enemigo es quien desnuda sus falencias y les condena su ilegalidad sin miramientos, paradójicamente muchos desnudan su doble moral aplaudiendo y condenando las mismas acciones dependiendo de la simpatía del autor”, declaró Gabriela Castellanos, directora del CNA.
“Hoy por hoy la única junta legal fue la del Congreso Infantil, la otra se ha perdido entre reacciones pueriles pateando, pataleando mientras juegan a ser diputados del Congreso”, lamentó.
Los diputados erogaron 78.7 millones de lempiras del presupuesto del Congreso Nacional.
El 16% de este presupuesto se destinó a pago de viáticos y viajes al exterior.
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