El presidente Joe Biden llegó ayer domingo a El Paso, Texas, la primera gira a la frontera sur desde que llegó a la Casa Blanca para luego dirigirse a la Ciudad de México, donde se reunirá con el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
Biden fue recibido por Greg Abbott, gobernador de Texas, un duro crítico de la política migraoria del gobernante y defensor de la ‘tolerancia cero’ del gobierno de Donald Trump. Abbott le entregó una carta al presidente en la que «proporcionó cinco soluciones que ya existen bajo la ley actual de Estados Unidos», dijo.
Poco antes de aterrizar en Texas, Biden escribió en su cuenta de la red social Twitter que: «Nuestras comunidades fronterizas representan lo mejor de la generosidad de nuestra nación y les conseguiremos más apoyo mientras ampliamos las vías legales para una inmigración ordenada y limitamos la inmigración ilegal».
El Paso se ha convertido en el mayor corredor de cruces de indocumentados que llegan a la frontera en busca de asilo tras huir de sus países, a causa de la violencia, pobreza, crimen organizado y efectos del cambio climático. El asilo es un recurso legal disponible autorizado por el Congreso, pero que los republicanos exigen reducir al mínimo.
La ciudad también ha visto sus calles ocupadas por centenares de inmigrantes liberados tras ser procesados en la frontera a la espera de la resolución de sus casos en tribunales de inmigración, decisiones que en muchos casos pueden demorar meses, incluso años.
En el vuelo desde Washington DC, el presidente estuvo acompañado por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, y otros altos funcionarios que continuarán luego el viaje a la Ciudad de México.
Biden se reunirá con funcionarios fronterizos para discutir la crisis migratoria, así como el aumento del tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, que están provocando un aumento vertiginoso de las sobredosis en Estados Unidos, de acuerdo con reportes de la Casa Blanca. El mandatario también visitará el Centro de Servicios para Migrantes en El Paso, donde hablará con organizaciones sin fines de lucro y grupos religiosos que apoyan a los inmigrantes que llegan al país en busca de asilo.
Nuevas instalaciones
Durante el viaje a El Paso a bordo del avión presidencial, Mayorkas habló con periodistas y dio a conocer los primeros pasos dados por el ministerio bajo su mando tras el anuncio el viernes de la nueva estrategia migratoria fronteriza de asilo. “Aumentamos en 100 el número de agentes de la Patrulla Fronteriza. Creo que el martes abriremos una nueva instalación que podrá procesar hasta 1,000 migrantes (diarios)”, indicó.
El funcionario dijo, además, que el gobierno ha aumentado la entrega de recursos de alimentos y refugios de emergencia, así como fondos adicionales para enfrentar los desafíos que la agencia tiene en estos momentos en la frontera.
En cuanto al nuevo programa, Mayorkas dijo que “lo que estamos tratando de hacer es incentivar ampliamente, de manera segura y ordenada, de eliminar a las organizaciones de contrabando (de personas, coyotes). Estamos tratando de incentivar a los inmigrantes para que vengan y entren por los puestos entrada en lugar de entre los puertos de entrada”.
Mayorkas insistió en que aquellos que entren al país entre puertos de entrada autorizados fuera del programa de asilo serán deportados de manera expedita.
Respuesta a criticas
Sobre las críticas lanzadas al gobierno tras el anuncio del nuevo programa de asilo temporal en la frontera, entre ellos de senadores demócratas, Mayorkas dijo: “He visto las críticas como una prohibición, pero no es una prohibición en absoluto. Es marcadamente diferente de lo que propuso la administración Trump”, indicó.
Durante el gobierno anterior, las autoridades migratorias levantaron cargos criminales por ingreso ilegal a quienes cruzaban en busca de asilo, incluso a través de puertos fronterizos. Miles de afectados fueron separados de sus hijos y, al término de los procesos judiciales, cientos fueron deportados solos sin sus niños.
Mayorkas agregó que “he visto de primera mano el trauma que se inflige a los migrantes que realmente usan las organizaciones de contrabando, ya sea trauma o tragedia. Lo que estamos tratando de hacer es incentivar a las personas a través de la aplicación CBP One para que programen una cita para venir al puerto de entrada (por medio de un patrocinador en Estados Unidos) y eliminar las organizaciones de contrabando”.
Sobre la migración en El Paso, el secretario dijo que había caído estrepitosamente “desde el pico en diciembre. Eran 2000 por día, ahora creo que lo más reciente fue 700”, indicó.
El nuevo programa
El viaje se registra dos días después del anuncio de una nueva política fronteriza de asilo en la frontera que limita la entrada de inmigrantes cubanos, haitianos y nicaragüenses, quienes se suman a una lista que en octubre del año pasado fueron incluidos los venezolanos. Los inmigrates de esos cuatro países solo pueden entrar a Estados Unidos si son pedidos por un patrocinador que viva legalmente en territorio estadounidense. Los casos rechazados serán deportados a México de manera expedita bajo el Título 42.
También serán expulsados aquellos indocumentados que ingresen al país sin autorización o estén fuera del nuevo protocolo y sean detenidos por los agentes fronterizos, quienes además enfrentar un castigo de cinco años para solicitar cualquier tipo de beneficio migratorio disponible.
La política migratoria de Biden, basada en el desmantelamiento de la ‘tolerancia cero’ del gobierno anterior, se ha visto en serios aprietos debido al incremento de detenciones en la frontera de 1,734,686 en el año fiscal 2021 a 2,378,944 en el año fiscal 2022, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), una de las 23 dependencias que operan bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional.
También al escrutinio de la oposición republicana lo hace responsable de la crisis migratoria en la frontera, quienes lo critican por ser demasiado blando en materia de seguridad y abrirle la puerta a miles de inmigrantes que buscan asilo.
El sábado, tras ser electo como presidente de la Cámara de Representantes, el legislador republicano Kevin McCarthy de California, dijo que una de sus prioridades en el nuevo Congreso será llevar a cabo “una audiencia en la frontera sur”, prometiendo tratar cuanto antes el tema de la seguridad y la soberanía, dos de los principales argumentos de la narrativa republicana basada en el discurso de ‘tolerancia cero’ del expresidente Trump.
La estrategia de Biden
Biden ha argumentado que la política de tolerancia cero de su antecesor violó el debido proceso migratorio al cambiar interpretaciones y reglamentos de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) sin la autorización del Congreso.
Entre los severos cambios se incluyen restricciones a la ley de asilo, que incluyeron separaciones forzadas, la creación del Programa de Protección del Migrante (MPP, también conocido como Quédate en México) y el uso de una regla de salud púbica conocida como Título 42, activada en marzo de 2020 como parte de la lucha contra la propagación del coronavirus, pero que permite al gobierno expulsar de manera expedita a extranjeros en la frontera por razones de seguridad sanitaria.
Si bien Biden ha logrado deshacer varias de las políticas clave de la tolerancia cero de Trump, el Título 42 sigue vigente por órdenes de los tribunales de justicia. Pero la mayor dificultad para el gobierno se encuentra en la poca capacidad de respuesta para procesar cientos de miles de peticiones de asilo que se han presentado en los últimos años en la frontera debido a la falta de recursos que deben ser aprobados por el Congreso.
Cuando Trump asumió la presidencia la Corte de Inmigración tenía acumulados unos 520 mil expedientes. Al principio del mandato de Biden la cifra era de 1.2 millones de casos acumulados y en diciembre de 2022 alcanzaba poco más de 2.2 millones para poco más de 600 jueces.
El debido proceso migratorio, que Biden presiona para que sea respetado, determina que solo los jueces de inmigración, o agentes con poderes especiales asignados por el Departamento de Justicia, son quienes deben determinar el futuro de un extranjero que pide asilo en Estados Unidos.
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