Fátima Mena, vicepresidenta del Congreso Nacional (CN) e integrante de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), se refirió hoy jueves sobre la petición que han hecho al presidente del Legislativo, Luis Redondo en el que sugieren derogar dos decretos que desde su perspectiva solo generan impunidad.
Los parlamentarios del PSH pidieron públicamente que se sometan a discusión, votación y derogación de los decretos 57-2020 y 93-2021, mismos que califican como horrendos instrumentos jurídicos que solo protege y patrocina la corrupción.
“Son pactos de impunidad, incluso los proyectos fueron presentados por el titular del Congreso, fueron dictaminados por la comisión anticorrupción, además ya se encuentran en su tercer debate y requieren de una mayoría simple”, explicó Mena.
Asimismo, refirió que son además peticiones de algunos operadores de justicia, así como de diferentes sectores quienes consideran necesario someter a discusión para que en el tercer y último debate se dé la derogación de esos decretos.
Dijo que los 10 votos del PSH están disponibles, así como los de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) quienes tienen una posición clara respecto a las peticiones que estamos solicitando, incluso algunos diputados liberales.
“El decreto 57-2020, es una interpretación al Código Procesal Penal que limita la potestad de secuestrar documentos del Ministerio Público. El segundo es uno de los más dañinos, el pacto de impunidad de la Semana Morazánica donde se reforma el Código Penal, leyes relacionadas al lavado de activos, donde se criminaliza la protesta, entre otras”, concluyó.
Carta pública: Estimado Sr., presidente:
En esta ocasión la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) se dirige a usted expresándole nuestras muestras de consideración y respeto, formulándole a la vez una formal petición, consistente en que en el uso de las atribuciones que la Constitución de la República y la ley orgánica del poder legislativo le confieren, para proceder a la brevedad, a someter a consideración y votación del pleno del Congreso Nacional, en tercer y último debate, sobre iniciativa de ley que se contrae a derogar los decretos legislativos números 057-2020 y 093-2021 respectivamente.
La bancada del PSH no encuentra una explicación razonable y sensata para que no haya sido sometida a discusión y votación para la derogación de tales decretos, puesto que el Congreso Nacional del pueblo, debe buscar reivindicarle la dignidad al soberano, derogando horrendos instrumentos jurídicos que tienen por única finalidad una exitosa impunidad, burlando con ello, las fundamentales aspiración de cambio del pueblo, que permitieron la conformación de este gobierno quien prometió en sus discurso de campaña una verdadera lucha contra la corrupción; resulta no cumplir con tales aspiraciones la no derogación de tales decretos que solo requieren de una simple mayoría, por lo que no es de recibo la excusa de que no se cuentan con los votos necesarios.
Por otra parte, el pueblo tiene derecho a saber quiénes de sus diputados están luchando verdaderamente contra la corrupción, quienes de sus diputados aparentan luchar contra ella y a quienes de sus diputados no les importa que el pueblo sepa que su objetivo evidente es mantener la corrupción.
Como diputados, somos conscientes de nuestro rol histórico en este Congreso Nacional, orientados y determinados por el ideario político que profesamos junto al presidente del PSH Ingeniero Salvador Nasrralla sobre nuestra permanente lucha para restablecer el estado de Derecho, la lucha contra la corrupción e impunidad y la aprobación de leyes encaminadas a lograr el estado de bienestar para los hondureños; consecuentes con ello, recogemos ese legítimo derecho del pueblo que clama por justicia y como sus representantes, le pedimos que al efecto proceda sin dilación, a someter a votación la derogación de los decretos legislativos antes citados que representan un verdadero acto criminal al permitir que delincuentes estén aprovechando la vigencia de tales decretos para lograr su impunidad permanente.
Quedamos a la espera de su resolución a nuestra petición, recordándole que la presente es motivada por el cumplimiento de la Constitución de la República y los principios de ética, y responsabilidad que como servidores públicos estamos en el deber asumir.
Tegucigalpa, M.D.C., 2 de noviembre del año 2022.
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